Tras una seria investigación, la unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República (FGR) estimó que el daño ambiental ocurrido en el cantón Sitio del Niño, del municipio de San Juan Opico, en La Libertad, causado por la empresa Baterías de El Salvador (BAES) asciende los $3 millones de dólares.
Esta posición coincide con lo vertido por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), institución que ya denunció a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que considera que defienden los intereses de los propietarios de la fábrica de baterías Récord, la familia Lacayo.
UNES reaccionó ante la decisión tomada por la Sala de lo Penal de la CSJ, cuando anuló el proceso judicial en contra de los dueños y representantes de la empresa, debido a que el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla no comprobó si los acusados desconocían que caían en delitos al vaciar tóxicos fuera de las normas exigidas por instituciones salvadoreñas.
Por esa nulidad, los responsables de la contaminación ambiental hecha en la zona en donde residen varias familias y que han tenido complicaciones en su salud quedaron libres de cualquier responsabilidad penal.
Hoy, la Sala ordenó que el juicio se realice nuevamente por el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador, para remediar el proceso judicial que quedó anulado, en donde se les acusa de ser los causantes de contaminar suelo, aire y agua.
En 2015, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) retiraron 14 mil toneladas métricas de escoria de plomo que permanecía en la planta de las baterías para vehículos, misma que fue clausurada por el Ministerio de Salud en el 2008.
