Hace un año, el expresidente de la República, Francisco Guillermo Flores Pérez, falleció mientras era investigado por el supuesto desvío de $15 millones que el gobierno de Taiwán donó para proyectos de reconstrucción y atención a víctimas de los terremotos de 2001.
Sin embargo, en estos 12 meses poco se ha sabido sobre los avances en este caso de supuesta corrupción, y que además fue el primero en involucrar a un expresidente de la República.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Flores de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia de particulares en perjuicio de la administración pública. De los $15 millones desviados, la FGR sostiene que $5 millones fueron depositados en una de las cuentas privadas del exmandatario y los otros $10 millones fueron a una cuenta del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).
El abogado defensor de Flores, Edgard Morales Joya, informó que para febrero, el Tribunal Quinto de Sentencia ha señalado la celebración de la audiencia especial para determinar la responsabilidad civil del exmandatario, y en ella esperan, dijo, que la FGR tome una postura sobre el cierre del caso.
“En el tribunal lo que se va a establecer es si hay o no responsabilidad civil, si el tribunal de sentencia considera que hay elementos para condenarlo civilmente. Lo único que hay y que va desfilar de prueba son las cinco o seis páginas que son los correos que se dio entre Cancillería y Taiwán, nada más», explicó a Última Hora, Morales Joya.
En este sentido, dijo que en dado caso exista una condena civil en contra de Flores, se podrá recurrir al recurso de apelación. “Así que esa resolución puede ser impugnada (la posible condena) y vamos a pasar el tiempo necesario en ese trámite”, concluyó.
Según las leyes salvadoreñas, si se determina la responsabilidad civil de un acusado, se le puede obligar a restituir lo obtenido de manera ilegal.
Por su parte, una fuente de la FGR afirmó que si bien el caso contra Flores podría cerrarse, la investigación sobre el desvío de fondos sigue su curso. “El caso se tiene que cerrar en contra de él, ahora en contra del destino que llevaron los fondos, es otra investigación”, afirmó a Última Hora.
“El caso (del desvío de fondos) se sigue investigando, como lo dijo el Fiscal General (Douglas Meléndez). Se están haciendo las diligencias. Se ha ordenado una dirección funcional a la Policía (Nacional Civil, PNC) y estamos a la espera de que nos den una respuesta de las diligencias que se han ordenado”, agregó la fuente de la Fiscalía.
Aunque declinó detallar sobre las diligencias solicitadas, dejó entrever que la investigación sobre el destino que tuvieron los $15 millones puede implicar a más personas.
Más expresidentes investigados
El expresidente Flores llegó al poder bajo la bandera de ARENA y gobernó el país entre 1999 a 2004. Su caso marcó el inicio de otras investigaciones por corrupción, en las cuales han terminado involucrados hasta quienes le señalaron como culpable.
En su último año de mandato, en 2014, el expresidente Mauricio Funes reveló un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y este documento originó la investigación en contra de Flores. El fiscal general en ese momento, Luis Martínez, llevó el caso a tribunales.
Actualmente, Funes está en Nicaragua en condición de asilado político y enfrenta en El Salvador un juicio por enriquecimiento ilícito. Según la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el expresidente no pudo justificar con sus declaraciones patrimoniales, desde la toma y cese de su mandato, una cantidad de $728,329.74.
Asimismo, el exfiscal Martínez está detenido, acusado de participar en una red de corrupción judicial junto al empresario Enrique Rais.
El sucesor de Flores, Elías Antonio Saca (2004-2009), guarda ahora prisión mientras avanza su proceso judicial por presuntamente liderar una red de corrupción durante su mandato, que desvió un aproximado de $246 millones.
Y los señalamientos de supuestos actos se corrupción no se han detenido. A finales del año pasado, el economista Salvador Arias interpuso una demanda por corrupción contra los gobiernos de 1989 hasta 2009 ante la CSJ.
Según el periódico digital estatal Transparencia Activa, Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol incrementaron su patrimonio en 167 y 11 %, respectivamente, durante sus gestiones.
