La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) alerta a los salvadoreños sobre los afanes totalitarios de los políticos, sean estos de izquierda o de derecha, para evitar que traten de eternizarse en el poder, como ha ocurrido en Venezuela, Nicaragua y más recientemente en Honduras.
El más reciente editorial de la casa de estudios superiores señala con suma preocupación que en esos tres gobiernos han violado la Constitución, quebrantado el Estado de derecho y violado los derechos humanos y la libertad de expresión del pueblo para imponer su clara vocación totalitaria en contra de la voluntad popular.
La UCA señala que «Mientras Nicolás Maduro y Daniel Ortega se autoproclaman de izquierda, el de Honduras es un gobierno de derecha», pero lo peor es que cada uno es defendido por sus pares ideológicos y atacado por los contrarios de otros países y pone como ejemplo a Estados Unidos, que condena los abusos gubernamentales en Venezuela y Nicaragua y apoya la administración de Juan Orlando Hernández, en Honduras.
«Algo similar ocurre en El Salvador, mientras el FMLN defiende a Maduro y Ortega, Arena lo hace con Hernández», expresa la nota editorial de la UCA, y añade que: «Desde una perspectiva democrática, es inaceptable reconocer y apoyar a cualquiera de estos tres Gobiernos. Aunque los tres hayan surgido de elecciones en las que en apariencia contaron con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos».
El hecho de que el FMLN apoye de forma incondicional a Maduro y a Ortega, y que Arena lo haga con Hernández es peligroso, porque conlleva a una contradicción con los principios democráticos que ambos partidos afirman defender.
Tanto Maduro, como Ortega y Hernández, a pesar de que este último es de ideología de derecha, violaron abiertamente la Carta Magna de sus respectivos países y acomodaron una Corte Suprema de Justicia para que resolviera apegada a sus conveniencias y, así, reelegirse, en contra de la voluntad del pueblo, indica.
Ante esa realidad que atenta contra la democracia, la UCA advierte que «El Salvador debe aprender de estas lecciones» y, además, tener claro que «es absolutamente indispensable contar con una Corte Suprema de Justicia y un Tribunal Supremo Electoral verdaderamente independientes de todo poder político, fáctico y económico, a fin de que puedan garantizar las libertades políticas, el cumplimiento de la Constitución y el respeto a la voluntad popular».
