El pasado 11 de enero, miembros del gabinete de Seguridad y de la comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad se mostraron complacidos con los resultados y alcances brindados por la implementación de las medidas extraordinarias.
De acuerdo al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, la baja en la cifra de homicidios a nivel nacional ha sido notoria, pues ese mismo día aplaudían que por primera vez en dos años no registraron ningún homicidio.
Pese a ello, las cifras de extorsiones no han dado muestra de una baja y esto lo confirma el criminólogo y experto en seguridad pública, Ricardo Sosa, quien indica que las medidas extraordinarias -que entraron en vigencia en marzo de 2016- tuvieron un efecto inmediato. Los datos del Instituto de Medicina Legal (IML) y de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que de marzo a abril del año pasado se registraron 277 homicidios, pasando de 611 a 334.
Y en este 2017, en los 31 días del mes de enero la cifra de homicidios que se registraron fueron 256 (8.3 muertes diarias causadas por la violencia); mientras que en tan solo seis días de febrero: han ocurrido 47 asesinatos (7.8 fallecimientos diarios).
Baja cifra de homicidios, mas no de extorsiones
De acuerdo a Sosa, en el tema se destaca que si bien los homicidios han bajado, esto no se traduce automáticamente en menor criminalidad.
Muestra de ello es Glenda P., una propietaria de una tienda de productos varios, quien desde hace más de 20 años brinda servicio en una colonia ubicada en San Salvador, en las cercanías de una escuela pública.
De un momento a otro, la mujer de 65 años de edad cayó en la realidad que afronta la mayoría de salvadoreños que poseen un pequeño negocio: la exigencia de la extorsión.
“Pensé que esto no me iba a ocurrir si ya todos los residentes de la colonia me conocen y saben lo que me ha costado instalar la tienda”, explicó la afectada. “Definitivamente en el país hay solo dos caminos, o se contrata a un guardia de seguridad o se cierra el negocio”, agregó.
Para Glenda, la primera opción no es la más viable, debido a que los ingresos que obtiene de su negocio son los necesarios como para subsistir, pero no como para cancelar los costos de un agente de seguridad privada.
Para otros empresarios la opción de tener a un agente resulta efectiva por el tema de las extorsiones y robos, debido a que según las últimas cifras compartidas del departamento de Información y Estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) de enero a agosto de 2016 se registraron 1,498 extorsiones a nivel nacional.
“Nosotros continuamos ofreciendo el servicio de vigilancia privada, el servicio de cámaras con circuito cerrado, entre otros servicios, porque nuestros clientes siempre quieren sentirse seguros y evitar todo lo relacionado con las extorsiones y los robos”, indicó la gerente de Comercialización y Ventas de la empresa de seguridad privada COSASE, Andrea de Handal.
De Handal aseguró que la mayoría de los usuarios de COSASE quieren evitar contacto alguno con las personas que se dedican a extorsionar. Razón que se verifica tras los registros de que la mayoría de los casos de la exigencia monetaria la realizan con presencia física (los pandilleros se acercan a sus víctimas).
Los registros de casos de extorsión -del periodo antes mencionado- indican que son 871 casos en los que hubo presencia física y 480 casos fueron hechos a través de una llamada telefónica.
