Juzgado 5° de Paz realiza audiencia inicial en caso Saqueo Público

Por Redacción UH

El Juzgado 5° de Paz de San Salvador instaló este domingo la audiencia inicial en contra de 26 imputados acusados de los delitos de peculado y lavado de dinero y activo en perjuicio la administración pública, en el caso nombrado por la Fiscalía General de la República (FGR) como Saqueo Público, cuyo principal implicado es el expresidente salvadoreño, Mauricio Funes.

De acuerdo al FGR el desvió de fondos públicos que realizó el exmandatario, parte de su gabinete, amigos y familiares fue a través de una cuenta denominada “gastos reservados”, de la cual Funes dispuso de fondos públicos para beneficio personal, de sus familiares y amigos.

La FGR manifestó que el exmandatario utilizó diferentes modalidades para ocultar el origen ilícito de los fondos, en su mayoría mediante la utilización de testaferros, que se prestaron para poner a su nombre los bienes adquiridos por Funes. Esos fondos sirvieron para la compra de vehículos, inmuebles, alquiler de inmuebles para sus amigos y funcionarios, viajes de placer, entrega de dinero a terceros, compras de armas de fuego por medio de presta nombres, pago de hospital, compra de artículos de lujo, entre otros.

Funes y al menos 30 sujetos más, entre estos algunos exfuncionarios, sus excompareñas de vida y la actual pareja sentimental, Ada Mitchell Siguenza (Michi) y familiares de estas, están acusados de haberse aprovechado de $351 millones, desviados de diferentes entidades de gobierno hacia Casa Presidencial.

Dicho monto procedente de sobrantes no ejecutados de presupuestos de diversas entidades estatales fueron ingresados a la partida de «gastos reservados», creada por el exmandatario en sustitución de la partida secreta, declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, y desde la cual se despilfarró esa gran cantidad de dinero público.

Funes desde su escondite, en Nicaragua, donde permanece asilado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, ha dicho que las acusaciones de la FGR son incriminaciones sin fundamento, porque «no tiene ni una tan sola prueba» en su contra.