La Corte de Cuentas de la República (CCR), concluyó una auditoría de la gestión Sánchez Cerén (2014-2019) revelando información importante como la malversación de una millonaria cuenta del Ministerio de Hacienda y la alteración real de los registros de movimientos de la misma.
Fue a finales de julio de 2014 que en los libros de la caja de los Fondos Ajenos en Custodia, el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén no registró un movimiento de 10.2 millones de dólares. El FMLN gastó ese dinero que tenían guardado por orden judicial, perteneciente a distintos procesos.
«Los estados financieros no presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de sus operaciones, el flujo de fondos y la ejecución presupuestaria de la Dirección General de Tesorería», detalla el informe que emitió la CCR el pasado 16 de diciembre de 2019.
En dicha cuenta, la Dirección de Auditoría 1 halló significativas diferencias en subcuentas, por una lado se reportaba un incremento a 17.7 millones del dinero, y luego se especificaba un «gasto» de $37.4 millones.
Según los auditores, tampoco hay un registro de contabilidad de los financiamientos o reintegros de la Cuenta Corriente Única del Tesoro Público por la suma de $17.7 millones y $4.2 millones.
Sumado a estas dos cuentas, la auditoría de la Corte tampoco encontró documentos que sustenten ni la mora ni los abonos tributarios en 2014 reportada por el área de Cobranza en Cargos, por un monto de $15.1 millones cada uno.
La Dirección de Auditoría 1 tampoco halló documentación sobre la liquidación de saldo en Fondos de Terceros por $23.5 millones, un ajuste de partida, la corrección de pagos, y el registro del reconocimiento de mora tributaria reportada por Cobranzas por $11.7 millones en cargos y $1.9 millones en abonos.
En resumen, en la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén se registró un endeudamiento interno de $120 millones al 8 de diciembre de 2014, sin embargo esos fondos correspondían al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, por lo que tendría que haberse registrado como deuda externa.
También los registros señalan diferencias de saldos acumulados, no coincidiendo lo erogado con los ingresos, lo que da paso a que la documentación registrada en la administración Sánchez Cerén fue alterada y no refleja los verdaderos movimientos que se hicieron, por lo que el caso podría pasar a juicio de cuentas.
