Después de varios meses, este 1 de diciembre el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, dará a conocer el fallo del “Juicio Meme”, un caso que ha generado polémica y puesto en cuestión el papel de las entidades hacedoras de justicia en El Salvador.
Por más de un año, Andrés Ortiz Lara, José Carlos Navarro, Mayra Lisseth Morán, Óscar Domínguez y Sofía Medina, han encarado el proceso por presuntamente, cometer violación de distintivos comerciales, violación de derechos de autor y derechos conexos, falsedad material y agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, juristas y analistas sostienen que los delitos atribuidos no concuerdan con las conductas imputadas a los señalados. Además, han cuestionado la presencia de “personeros” en el proceso, con el fin de ejercer presión e inclinar la balanza en torno a la decisión de los jueces.
Los implicados han recalcado que el proceso está viciado desde el inicio, y hay muchos cabos sin atar, aún hoy que solo está por conocerse la resolución.
El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, sostiene que hay evidencias de una fuerte presión mediática hay presión de grupos de poder, prueba de esto es que se hayan hecho presente persones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
“Hay un interés de genera una presión a los juzgados y de inclinar la balanza a lo que La Prensa Gráfica ha estado demandando”, acotó el representante de la entidad encargada de la veeduría judicial.
Analistas y población en general han cuestionado que en este proceso el sistema de justicia invirtió recursos por dos años, iniciando en el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, de Instrucción y de Sentencia de Santa Tecla.
Además del recurso que invirtió la Fiscalía General de la República destinando a 5 auxiliares para el caso, que pudieron estar en otras investigaciones cuando hay situación que ameritan ser atendidos más urgentes. Se estima que este proceso costó al Estado salvadoreño de alrededor de 100,000 dólares.
El caso de Youtuber, José Valladares
Esta semana, un nuevo caso ha dado de que hablar entre los cibernautas. José Valladares reconocido “youtuber” denunció que “están pidiendo su cabeza” , además de haber sido demandado por usar memes y haber “difamado el honor y la vida privada” tanto del presidente Salvador Sánchez Cerén como del secretario de comunicación, Eugenio Chicas en sus vídeos.
“Siguen represalias directas y abusos del gobierno a mi persona. Hoy al llegar a la oficina en el MAG, me encuentro que me ha requisado todo mi equipo informático de trabajo y prácticamente inhabilitado de mis labores“. publicó a través de su cuenta de Twitter.
El jóven ha sido señalado por la publicación de varios vídeos en los que además de hacer críticas y sátira de funcionarios como Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones y el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén.
