Desde 2015 los salvadoreños y salvadoreñas percibieron un aumento del 5% en sus facturas de telecomunicaciones y productos de telefonía, un impuesto que impuso el gobierno del FMLN para «financiar políticas antiviolencia», las cuales no han tenido efectos positivos pero han empobrecido a la población.
Desde 2015 El Salvador se posicionó como el país más violento de Centroamérica debido a su alta tasa de homicidios, ante esto, el gobierno mostró su incapacidad para controlar el problema y decidió, entre tantas medidas, cargar un nuevo impuesto para recaudar dinero que sería invertido a la seguridad del país.
Ese año murieron más de 6,000 personas y el promedio diario de homicidios se situaba entre 25 y 30. Cabe señalar que aunque las cifras han mostrado una leve baja, los crímenes están a la orden del día recordando que sigue latente la crisis de violencia.
El dinero, según el gobierno, ha sido invertido en varias instituciones, como el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), pero los homicidios no cesan.
Este impuesto es uno de los legados que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén deja al país.
