La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de no acatar la resolución que ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), para entregar los exámenes patrimoniales de funcionarios públicos, ha sido calificada como un retroceso en la lucha al combate contra la corrupción y la transparencia en El Salvador.
Con esta acción los constitucionalistas dejarían en evidencia la protección de funcionarios y ex funcionarios que se encuentran investigados por irregularidades en sus cuentas personales.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) le ordenó a la CSJ entregar los «informes elaborados por la Sección de Probidad sobre presunto enriquecimiento ilícito, misma que ha sido clasificada como reservada por la CSJ, mientras tanto el IAIP, anunció que iniciará un proceso de análisis interno para determinar si dará inicio a un procedimiento sancionatorio contra la Corte Suprema de Justicia.
Situaciones como esta originaron que el Presiente de la República, Nayib Bukele, prometiera una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), la cual será lanzada antes de cumplir con los primeros 100 días de mandato.
