Héctor Zepeda, uno de los miles de ciudadanos seleccionado para integrar las juntas receptoras de votos (JRV) el próximo 4 de marzo criticó a los políticos por obligar a la ciudadanía a que les vaya a cuidar los votos, cuando ellos no hacen nada por brindan las condiciones mínimas de seguridad de los salvadoreños.
Zepeda, quien vive en Colón, La Libertad, y uno de los cientos de ciudadanos que acudió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a excusarse de ese compromiso, por haber sido operado recientemente, expresó su indignación por la falta de seguridad para la población por parte del Gobierno, ya que uno de sus hijos fue asesinado por la delincuencia hace cuatro años.
“¿Cómo cree que va a estar uno contento? Estos que no me cuidaron a mi hijo quieren que vaya a cuidarles el voto”, dijo, tras recordar que su hijo, Carlos Ernesto Zepeda Martínez, tenía 16 años cuando los delincuentes lo mataron, el 5 de septiembre de 2013 luego de haber sido raptado de una excursión en la plaza de Metalío, Sonsontate y su cuerpo encontrado en Usulután.
Como Zepeda muchos otros salvadoreños que resultaron sorteados para ir a formar parte de las JRV, entre ellos, Blanca Morales, de 40 años, quien vive en Dallas, Texas, pero que por medio de su hija,María Ester Pineda, llegó también a excusarse por que no puede venir al país en marzo, ya que tiene orden de deportación en los Estados Unidos y no piensa regresar al país.
De los dos mil compatriotas que pidieron al TSE que los exima de responsabilidad para cuidar las mesas electorales el día de las elecciones presentaron constancias médicas para justificar el porqué no pueden asistir, mientras otros explicaron que no pueden porque no saben leer ni escribir.
La decisión del TSE de integrar las JRV con personas no afiliadas a los partidos políticos, fue tomada a partir de una resolución de la Sala de lo Constitucional que obliga a despartidizar esos organismos electorales.
