A pocas horas de conocerse la resolución del “Juicio Meme”, la veeduría judicial brindó este jueves los resultados del cuarto informe que analiza que los delitos atribuidos no concuerdan con las conductas imputadas a los señalados. A esto se suma, una fuerte presión de “grupos de poder en proceso”.
El director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta, sostiene que hay evidencias de una fuerte presión mediática hay presión de grupos de poder, prueba de esto es que se hayan hecho presente persones de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
“Hay un interés de genera una presión a los juzgados y de inclinar la balanza a lo que La Prensa Gráfica ha estado demandando”, acotó.
Por su parte el abogado de ISD, Oscar Campos, detalló que existe una fuerte carga de atipicidad de los delitos, es decir que los delitos atribuidos no concuerdan con las conductas de los señalados y no se ha logrado comprobar que exista una finalidad comercial, es decir que no tuvieron ingresos económicos del material publicado.
También no se ha logrado establecer que haya una cuantía de daños en contra de la Sociedad Dutriz y de la marca LPG. Además no hay un impacto que desmejoré el posicionamiento de la marca. Por lo tanto, explica que no puede existir participación de estas personas, si no existe delito alguno.
“Consideramos que los jueces deben actuar apegado al derecho y resolviendo de la manera más técnica, basándose en las pruebas y no dejándose influenciar por ninguna presión mediática económica y social que pudiera ver”, acotó.
El fallo se dará a conocer este próximo 1 de diciembre en el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, donde se determinará si los implicados tienen responsabilidad de los delitos que se les adjudica.
Por más de un año, Andrés Ortiz Lara, José Carlos Navarro, Mayra Lisseth Morán, Óscar Domínguez y Sofía Medina, han encarado el proceso por presuntamente, cometer violación de distintivos comerciales, violación de derechos de autor y derechos conexos, falsedad material y agrupaciones ilícitas.
“Creemos que lo más atinado, responsablemente, basado en los elementos de cumpliendo con las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de inocencia es que disten un fallo absolutorio”, añadió Campos.
