El Salvador podría ser después de Ciudad de Cabo, el país en quedarse sin agua, pues el país está al borde del «strés hídrico», según declaraciones de la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Polh, que recoge un editorial de la Universidad Centroamericana (UCA).
El estrés hídrico es un fenómeno cada vez más extendido por el mundo, que provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad, es decir mantos acuíferos sobreexplotados, ríos que se van secando, lagos y otras fuentes naturales contaminadas) y mala calidad del líquido por la contaminación de la materia orgánica con diferentes químicos y actividades humanas.
Aunque aparentemente hay suficiente agua, el problema es que la mayoría de fuentes están contaminadas, por lo tanto El Salvador está en peligro de no tener agua suficiente y de calidad, pero a pesar de que ha mejorado la cobertura del servicio por cañería, el acceso al líquido es desigual y discrimina a los pobres, sobre todo en áreas rurales y la periferia urbana, ha dicho la titular de Medio Ambiente.
En el marco del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, diferentes sectores de la población salvadoreña, incluyendo la Iglesia Católica y algunos diputados se pronunciaron porque en la Asamblea Legislativa se apruebe cuanto antes la Ley del Agua para regular el servicio y garantizar que el agua no se convierta en una mercancía de alto valor, que no pueda ser adquirida o llevada a toda la población, sobre todo a los más pobres, sin que ello signifique negárselo a la industria, el comercio y la agroindustria.
Según el editorial de la UCA: «Hasta el momento, sin dar ninguna razón convincente, los partidos de derecha se han negado a dar sus votos para reconocer al agua como un derecho humano. Por lo visto, prefieren recurrir a motivos vagos antes que decir pública y claramente que, para ellos, el agua debe regirse con la lógica del mercado. También se oponen a que la institucionalidad del ente rector del agua sea eminentemente estatal. Para la derecha, dicho ente debe estar conformado en su mayoría por miembros de gremiales empresariales». Esto confirma la lógica mercantilista que se le quiere dar a dicha ley, según el centro de estudios superiores.
«Dejar en manos de la empresa privada o de sus defensores la gestión del agua supone un conflicto de intereses, pues estos pasarían a ser juez y parte. Además, y más importante aún, se impondría la lógica del mercado en una cuestión en la que el país y su población se juegan su futuro. Por ello, es fundamental que los salvadoreños apoyemos la campaña de recolección de firmas que la Iglesia católica inició el 22 de marzo, a fin de acuerpar ciudadanamente la propuesta de institucionalidad estatal para el agua», concluye la nota editorial.
