La Universidad Católica Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) destacó este lunes, en su nota editorial, que la justicia salvadoreña es severa con los débiles, pero tolerante con los poderosos, al referirse a las condenas impuestas al expresidente, por ARENA, Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores, por delitos relacionados a actos de corrupción.
«Mientras las condenas a los principales responsables oscilan entre 10 y tres años de prisión, a Pablo Gómez, un funcionario de base que traía y llevaba cheques y dinero desde los bancos a Casa Presidencial, le han caído 16 años. Es decir, el de menor responsabilidad en todo el operativo de desvío y apropiación de fondos permanecerá 16 años en la cárcel mientras el resto, mucho más implicado en la corrupción, saldrá pronto en libertad», afirma el editorial.
La nota añade mientras eso ocurre, los ministros y otros funcionarios que recibían sobresueldos que no declararon a Hacienda, ni siquiera se les ha obligado a devolver el dinero o a cancelar con multa, los impuestos que deben por ello.
Lo mismo sucede con las empresas que obtuvieron dinero de la partida secreta, sin entregar comprobantes y sin que hubiera licitación pública, muchas de las que eran dirigidas por amistades de Saca. En cambio, a Pablo Gómez, de quien no hay prueba de que se haya quedado con alguna parte del dinero desviado, se le condena también a devolver cerca de cinco millones de dólares. ¿Es esto propio de un Estado de Derecho?, pregunta la UCA.
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— UCA El Salvador (@UCA_ES) 17 de septiembre de 2018
