La Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA) criticó al gobierno por tratar de minimizar y hasta ocultar los desplazamientos forzados de cientos de familias pobres a causa de la violencia y otros problemas de la realidad cotidiana que viven miles de salvadoreños.
El editorial de la UCA destaca que a regañadientes el gobierno ha aceptado la existencia de movilidad interna forzada por las pandillas, ofreciendo un número de desplazados muy por debajo de la realidad, pero que ha sido puesto al descubierto por organizaciones de derechos humanos que han puesto en marcha programas de atención y registro de las víctimas.
El informe gubernamental, en marzo pasado, sobre movilidad interna, entre 2006 y 2016 registraron 466 casos, pero Cristosal, organización que da seguimiento al tema, detalla que en los tres últimos años al menos 418 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento forzado. Además destaca que solo en 2017 las víctimas de desplazamiento forzado sumaron 701 personas, mientras el Idhuca señala que en el mismo año atendió 260 casos de familias que solicitaron salir al extranjero por la situación de violencia, indica la nota editorial.
«No reconocer esta realidad impide que reciban ayuda y protección por parte del Estado, que exista una oficina gubernamental de atención a las víctimas del desplazamiento forzoso y que se destinen los recursos necesarios para la atención de estas familias», afirma la UCA.
Ante ello, la casa de estudios superiores propone la pronta aprobación de una ley especial que dé cumplimiento a la sentencia de la Sala sobre el tema y equipare a El Salvador con los estándares internacionales señalados por Naciones Unidas en esta materia. Solo así se podrá decir que el país reconoce la realidad del desplazamiento forzado y sus víctimas, concluye.
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— UCA El Salvador (@UCA_ES) 7 de noviembre de 2018
