El colectivo Víctimas de Terrorismo El Salvador solicitará el próximo lunes ante la Fiscalía General de la República, que se reabren los casos de la masacre de la Zona Rosa, ocurrida en junio de 1985, y el caso del helicóptero derribado en el municipio de Lolotique, San Miguel, el 2 de enero de 1991. Ambos crímenes perpetrados por comandos guerrilleros durante la guerra civil salvadoreña.
El miembro de la agrupación, Camilo Álvarez Consuegra, afirmó que pedirán al fiscal general Douglas Meléndez que se abran los procesos pertinentes para que “los terroristas condenados en tales actos” vuelvan a prisión y cumplan las penas impuestas.
Asimismo, solicitarán que las investigaciones estén bajo el criterio de Crímenes de Guerra y Crímenes de lesa Humanidad y se concrete la prisión para las comandancias de las agrupaciones insurgentes Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
En la masacre de la Zona Rosa fallecieron cuatro marines de la marina de los Estados Unidos y nueve civiles que departían en los restaurantes y bares del paseo. El PRTC, liderado por el firmante de los Acuerdos de Paz, Francisco Jovel (Roberto Roca), se adjudicó el ataque armado.
Cuatro de los autores materiales del hecho fueron capturados, procesados judicialmente, condenados y luego liberados bajo el amparo de la Ley de Amnistía de 1993.
Entre los condenados están José Abraham Dimas Aguilar, William Celio Rivas Bolaños, Juan Miguel García Meléndez y un sujeto de identidad dudosa, llamado Mario González, todos ellos pertenecientes a la facción de comandos urbanos «Mardoqueo Cruz», del PRTC.
En el caso del helicóptero en Lolotique, fueron asesinados tres asesores militares estadounidenses, el teniente coronel David J. Piquet, el técnico en aviación Ernest Dawson y el piloto Daniel Scott.
En Julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró ilegal la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, que impedía la investigación y persecución penal de los crímenes de guerra.
