Finalmente los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lograron su cometido de cancelar el partido Cambio Democrático (CD), tras una encerrona donde no hubo espacio para que los medios pudieron informar sobre el hecho.
Lo más llamativo es que la decisión de cancelación en el caso concreto del CD violenta la ley, lo que hace que los magistrados caigan en el delito de prevaricato, el cual es no cumplir con lo que la norma jurídica establece.
Y es que el CD gozaba del respaldo de la misma Ley de Partidos Políticos (LPP), ya que en el artículo 47, se establece la negativa donde ningún partido que tenga representación de al menos un legislador puede ser cancelado.
No obstante, esto no importó a los magistrados que dirigidos por sus patrones, es decir los partidos, procedieron a cancelar el CD a pesar que los tiempos ya no daban.
Otra de las violaciones a la jurisprudencia salvadoreña se da, porque si la sentencia se basa en lo acontecido en el 2015, entonces se tenía 15 días hábiles para proceder, sin embargo no se hizo, ya que el mismo TSE consideró que el CD no podía ser cancelado por haber ganado algunas alcaldías.
La democracia salvadoreña nunca se había visto tan amenazada en la reciente historia del país, principalmente cuando la arbitrariedad ha sido disfrazada como parte de la institucionalidad.
