El juez especializado en el caso de negociaciones entre políticos y pandillas entregó ayer el fallo escrito a las partes y ordenó a la Fiscalía que investigue, además de los involucrados, a las comunas de Santa Tecla, San Marcos, La Libertad, Usulután y otras cinco más.
Dichas alcaldías habrían trabajado con el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso, popularmente conocido como PATI, en donde en realidad se financió a los grupos criminales.
Tanto Santa Tecla como San Marcos, y las 8 alcaldías más, se unieron al programa y aprovecharon para incorporar a pandilleros en lugar de familias en condiciones económicas inestables, como lo sugeriría el plan de trabajo.
A comparación de Santa Tecla, San Marcos ha tenido mayor acaparamiento de miembros de estructuras criminales en la alcaldía, otorgándoles plazas y retribuciones «extras» para mantenerse en el poder.
