La Sala de lo Constitucional se unió a la Asamblea Legislativa para dejar sin herramientas legales al Ejecutivo en su lucha contra la pandemia del COVID-19, al admitir una demanda de inconstitucionalidad contra la prórroga de la Ley del Estado de Emergencia.
No conformes con ello, los magistrados de la Sala también prohibieron al Gobierno decretar medidas de emergencia en momentos de desastre y crisis nacionales, como se lo ordena la Ley de Protección Civil y la Constitución de la República, algo que nunca prohibió a gobiernos anteriores.
A la población en general no les cayó en gracia esa decisión, ya que echa por el suelo los esfuerzos del Gobierno por garantizar la salud y la vida de los salvadoreños ante el embate de la pandemia, que ha llegado a su fase de mayor contagio.
Sin embargo, y ante los llamados de diferentes actores de la sociedad civil, diplomáticos y religiosos al diálogo, la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia están empecinados en que se abra la economía, sin importar la vida y la salud del pueblo.
