A 37 años del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez aún no existe una versión oficial clara sobre quiénes son el autor intelectual y material, ni las razones del asesinato del ahora beato de la Iglesia Católica.
Sin embargo, el Informe de la Comisión de la Verdad denominado «De la Locura a la Esperanza: la guerra de los Doce Años en El Salvador» arrojó algunas conclusiones sobre la muerte del arzobispo.
El informe establece, entre otras cosas, que fue el mayor Roberto d’Aubuisson Arrieta quien dio la orden de asesinar al jerarca católico y brindó instrucciones a sus allegados los capitanes Álvaro Saravia y Eduardo Ávila para organizar y supervisar la ejecución.
Asimismo, brinda detalles logísticos sobre el pago al francontirador que terminó con la vida del religioso y cómo la Corte Suprema de Justicia de la época dificultó las investigaciones.
El documento, que fue publicado el 15 de marzo de 1993, fue siempre criticado por el Gobierno de turno y por los más conservadores, a pesar que fue suscrito en los Acuerdos de Paz de enero de 1992.
Ambas partes, acordaron reconocer que se debía superar la impunidad en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, remitiendo la consideración y resolución de este punto a la Comisión de la Verdad, la cual estuvo presidida por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el venezolano Reinaldo Figueredo y el estadounidense Thomas Buergenthal, quienes fueron designados para esta función por el Secretario General de las Naciones Unidas.
El caso Monseñor Romero nunca fue resuelto por las instancias judiciales y tras la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993, este quedó bloqueado. Ahora 37 años después, y con la nulidad de dicha ley, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial está facultado para investigar estos hechos, que ya ha sido exigido.