Con la votación de 11 de sus magistrados, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno, reiteró que la Sección de Probidad “debe realizar la investigación del patrimonio de empleados y funcionarios públicos siempre que no hayan transcurrido 10 años después del cese en el cargo.
Aunque esta acción contribuirá a desenmascarar actos de corrupción, la Sección de Probidad no investigará el patrimonio, bienes o cuentas bancarias a los exempleados o los exfuncionarios que han concluido sus cargos públicos hace más de 10 años.
Éste es el único criterio de investigación que ha definido la conformación actual de la CSJ en pleno para investigar el patrimonio de las personas que ocupan o han ocupado cargos públicos.
Fue la Comisión de Ética y Probidad, conformada por Leonardo Ramírez Murcia, Óscar López Jerez, Paula Patricia Velásquez, Roberto Calderón y Sergio Luis Rivera, que decidió pasar esta discusión a la Corte en pleno.