El Ministerio Público (fiscalía) de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) interpusieron una solicitud de antejuicio contra el presidente de ese país, Jimmy Morales.
Dicha solicitud pasará por un proceso donde se incluye al Congreso Nacional que amparándose en la Ley en Materia de Antejuicio, revisará el artículo 17, el cual expresa:
«Cuando el Congreso de la República deba conocer de un antejuicio promovido contra un dignatario o funcionario que, por razón del cargo goce de ese derecho, después de haberse inhibido un órgano judicial de continuar instruyendo proceso por tal razón y habiéndose recibido los autos para su conocimiento, como señala el artículo 16 de esta Ley, la Junta Directiva lo deberá hacer saber al Pleno del Congreso que en Próxima sesión ordinaria, que se celebrará no más de ocho días, después de su recepción iniciará el trámite del asunto».
Con ello el congreso tendrá que proceder en la próxima sesión (plenaria) y crear una comisión pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el presidente legislativo.
En materia legal la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, también desempeña un rol importante, ya que esta instancia tendrá que informar si procede o no.
Morales es acusado de haber financiado su campaña presidencial con fondos ilícitos.
