A menos de un año para que expire el Estatus de Protección Temporal (TPS) a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Nicaragua, grupos defensores de inmigrantes no solo esperan su renovación sino que desean que la Administración del presidente Donald Trump les ofrezca residencia permanente.
“Nuestra esperanza, lo que nos gustaría ver es que el TPS se convierta en una residencia permanente”, declaró hoy en entrevista con una agencia internacional, Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla).
Salas argumentó que los beneficiarios centroamericanos del TPS “han estado en promedio durante una década y media con esta protección temporal y es una comunidad que necesita tener residencia permanente, especialmente considerando que la situación en sus países no ha mejorado”.
Así, considerando la política de cumplimiento más estricto de las leyes de inmigración de la Administración del presidente Trump, la primera meta de la líder activista es luchar para mantener el beneficio.
“En este momento, sin embargo, considerando la política tan nefasta y agresiva que hemos visto con respecto a la inmigración, lo primero es asegurar que el TPS siga en pie”, aseveró Salas.
Igualmente solicitó que los “países de Centroamérica y otros involucrados hagan su petición directamente al secretario de Estado, Rex Tillerson”, para asegurar que el beneficio se mantenga.
Desde el punto legal, el TPS no solamente ofrece un permiso de trabajo sino que suspende las órdenes de deportación de los beneficiarios.
“Si usted tiene una orden de deportación, el TPS pone freno a esa deportación”, explicó el abogado experto en inmigración, el salvadoreño Nelson Castillo.
No obstante, esa protección se puede perder si el beneficiario “comete un delito grave o dos crímenes menores”, recalcó Castillo.
Al cometer uno de esos delitos, enfatizó el jurista, “usted automáticamente queda fuera del TPS y si tenía una orden de deportación anteriormente está haciéndose sujeto de una forma mucho más rápida a que el Gobierno vaya, lo busque y lo saque del país”.
Mientras tanto, Salas como Castillo coinciden en que no solamente el beneficio está vigente sino que es importante renovarlo cuando sea el momento.
El abogado no ve por el momento un riesgo inminente de cancelación del programa y, si se diera, posiblemente el Gobierno lo haría en el momento de vencerse la renovación actual.
Al estar extendido el beneficio para ciudadanos de El Salvador y de Honduras hasta el 9 de marzo de 2018 y los permisos de trabajo hasta el 9 de septiembre de este año (renovables hasta marzo de 2018 a solicitud del interesado), los expertos no ven razón para que no se mantengan estos plazos.
“Nuestra petición a toda la gente que tiene el TPS es que renueven sus permisos de trabajo”, insistió Salas.
Castillo por su parte recordó que los beneficiarios del TPS pueden solicitar permiso especial de salida del país “en casos humanitarios de emergencia”, y no habría razón para no utilizarlo en caso necesario.
En opinión del abogado, el TPS “no lo van a quitar de la noche a la mañana”.
Explicó que seis meses antes de vencerse el plazo de renovación el Gobierno inicia un análisis de la situación del país beneficiario y 60 días antes del vencimiento anuncia su decisión de renovarlo o no.
“O sea que probablemente en septiembre de 2017 comenzarán a hacer esa evaluación y dos meses antes, digamos enero de 2018, estarán anunciando si van a renovar o no el TPS para personas de Honduras y El Salvador”, detalló.
Se calcula que cerca de 195.000 salvadoreños y otros 60.000 hondureños tienen su permiso válido al momento.
No obstante, el experto en inmigración insistió en que el TPS es un permiso temporal y todo beneficiario que pueda buscar la residencia permanente por otro medio lo debería hacer con la asesoría de un abogado especializado.
Salas hizo un llamado a los legisladores para que “consideren las contribuciones que toda esta población ha estado haciendo consistentemente a la nación, y que hay evidencia concreta en sus impuestos”, para que aprueben una residencia legal para estos centroamericanos.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), actualmente hay 13 países cuyos ciudadanos son elegibles para recibir el TPS: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití, Guinea, Liberia, Somalia, Sudán del Norte, Sudán del Sur, Sierra Leona, Siria, Yemen y Nepal.
