Para el analista política, Paul Steiner, el aumento de $1,000 que se han recetado para el próximo año los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), así como la pretendida compra de una ambulancia bien equipada para la institución, también debe considerarse como desvío de fondos públicos.
«Una pregunta para la Presidenta de la Corte de Cuentas: ¿Si ustedes están a cargo de que las instituciones no desvíen fondos públicos, cómo es que ustedes los desvían hacia incrementos innecesarios de salario y compra de ambulancias equipadas?», cuestionó Steiner.
La semana pasada la presidenta de la CCR, Carmen Elena Rivas Landaverde, anunció la decisión de incrementar el salario en $1,000 mensuales para ella y los otros dos magistrados del entre contralor de los fondos públicos asignados por el Ministerio de Hacienda.
De concretarse el acuerdo, Rivas Landaverde pasará de ganar $3,884.58 a $4,884.58 de sueldo y de gastos de representación, la primera magistrada, María del Carmen Martínez Barahona, y el segundo magistrado, Roberto Antonio Anzora Quiroz, que cobran un sueldo de $3,366.63 ganarán $4,366.63 a partir de enero del próximo año.
