Según información compartida en redes sociales, la mayoría de los partidos políticos salvadoreños comparten los mismos donantes, situación que desde el punto de vista de miembros de organizaciones civiles podría prestarse a crear monopolios de poder.
Debido a la carencia de una unidad de fiscalización de partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esta situación podría prestarse a financiamientos ilícitos o con intereses oscuros.
“La información que nos dan los partidos no nos permite decir de forma categórica que existe financiamiento ilegal en los partidos, pero sí podemos decir que las condiciones están dadas para que esto suceda”, afirmó en declaraciones anteriores Eduardo Escobar de Acción Ciudadana.
Mientras tanto, de las empresas financistas de la mayoría de partidos políticos, destacan embotelladoras y cañeras.
«Las empresas embotelladoras y cañeras que la sobreexplotan capturan al Estado a través del financiamiento político y otros mecanismos. Así compran desregulación, impunidad y legislación para enriquecerse con un negocio de grave impacto socioambiental», enfatiza usuario de redes sociales.
¿Quién roba el agua a quién? Las empresas embotelladoras y cañeras que la sobreexplotan capturan al Estado a través del financiamiento político y otros mecanismos. Así compran desregulación, impunidad y legislación para enriquecerse con un negocio de grave impacto socioambiental. pic.twitter.com/aD1ir8pGS9
— Danilo Miranda (@nilobeto) 14 de abril de 2019
