La primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República (CCR), María del Carmen Martínez Barahona, justiticó este miércoles que la Constitución y otras leyes no permiten auditar, como se debiera, los gastos reservados de Casa Presidencial (Capres), comunmente conocidos como partida secreta.
La funcionaria explicó, en el marco del Encuentro Nacional Anticorrupción, realizado este miércoles, que cuando los auditores de la CCR solicitan facturas de algunos gastos hechos con fondos de la llamada partida secreta, los funcionarios de Capres «alegan la reserva».
«Y amparados pues en las disposiciones constitucionales, Artículo 168; Artículo 8 de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado; e incluso, hay una disposición penal en el Artículo 355 donde dice que cualquier persona que tenga conocimiento de esos gastos reservados y los revelare puede caer en un ilícito penal y enfrentar una pena de dos a cinco años de prisión», explicó la funcionaria.
Es por esas razones que cuando los auditores de la CCR llegan a este punto en que el funcionario de Capres les dice que no puede entregar facturas porque tienen reserva, se limitan a hacer su informe y «dejan en conocimiento que no pudo ver la factura porque tiene reserva y ahí queda (el caso)», aclaró.
En tal sentido, Martínez Barahona aseguró que es necesario que se hagan reformas a las leyes que protegen y encubren, bajo el concepto de discrecionalidad, los gastos reservados, a fin de que la Corte de Cuentas pueda tener acceso a todos los documentos y facturas para auditar y comprobar todas las erogaciones hechas con fondos de la partida secreta.
