Sin pretender defender al expresidente Mauricio Funes, la Universidad Centroamericana (UCA) tras conocer los pormenores del caso Saqueo Público, razonó que la Fiscalía General de la República debe abstenerse de hacer acusaciones, mucho menos a través de los medios de comunicación, mientras no tenga una certeza comprobable de que los supuestos implicados son responsables de los hechos.
«Por el bien del país, esperamos que la Fiscalía General de la República cuente con todas las pruebas necesarias para iniciar un proceso de esta naturaleza y llevarlo a buen término. De lo contrario, estaría poniendo en riesgo su credibilidad», afirma la UCA en un editorial sobre este sonado caso denunciado el pasado viernes con un gran despliegue mediático por el titular de la FGR, Douglas Meléndez.
Según la UCA es fundamental que tanto el proceso judicial contra Funes y el expresidente Saca avancen, pero debe demostrarse técnicamente, con pruebas fehacientes, su responabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan, para que los jueces puedan aplicar la ley como corresponde.
De acuerdo a la casa de estudios superiores, esa es la única manera de demostrar que la lucha contra la corrupción puede cambiar y que «la justicia ya no es una culebra que solo pica al descalzo, sino que trata a todos por igual y defiende el bien común».
Sin embargo aplaude el esfuerzo de la FGR, por cuento llevar ante la justicia a los últimos tres expresidentes (Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes) es algo que hasta hace poco parecía inaudito e imposible.
La UCA también destaca la ineficiencia de la Corte de Cuentas de la República, que no emitió alertas en ninguno de los tres casos; y peor aún, que en su momento les haya expedido finiquitos a Funes, Saca y Flores.
Es por ello que se vuelve necesario depurar y reformar a fondo la Corte de Cuentas para que cumpla a cabalidad su rol de auditar el buen uso de los fondos públicos, y también urge una nueva ley de probidad que posibilite detectar a tiempo toda forma de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios públicos y de ese modo contribuya a erradicar la corrupción, destaca el editorial de la UCA.
