Hoy, las autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública anunciaron que iniciarán un proceso de fiscalización que implementarán en 42 alcaldías municipales, debido a que no cumplen con el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
«Estaremos haciendo una evaluación constante a las municipalidades, pero vamos a analizar el desempeño de las mismas, no solo si publican o no información oficiosa», comentó el comisionado Jaime Campos. «Vamos a evaluar a las municipalidades bajo dos componentes, la publicación de información pública y la gestión documental y archivos», agregó
La iniciativa surgió luego de que miembros de Iniciativa Social para la Democracia (ISD) denunciaran a las comunas, tras un estudio realizado en donde plasman que no reflejan en ningún lugar de su sitio web de transparencia el monto al que asciende su presupuesto anual.
Dentro de las alcaldías denunciadas se encuentran la de Antiguo Cuscatlán, San Salvador, Santa Tecla y Soyapango, entre otras.
En el estudio de la ISD tomaron como calificación de transparencia del cero al 10, pero las comunas antes mencionadas ni se acercan a un puntaje de cinco.
Ante esto, la ISD indicó que son dos infracciones las cometidas por las 22 alcaldías. Como “muy grave” explicaron que es “tener la información bajo su custodia de manera desactualizada, desordenada, en violación ostensible a las medidas archivísticas establecidas en esta ley y por el Instituto”.
Mientras que la otra infracción clasificada como “grave” consistente en “actuar con negligencia en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información a que están obligados conforme a esta ley.
El punto de vista de la ISD
Esta sería la primera acción masiva que el instituto de Acceso a la Información Pública realiza tras cuatro años en funciones y a cinco años desde que salió en aprobación la ley.
“En todo este tiempo no ha sancionado a ninguna municipalidad por vulnerar el derecho de acceso a la información pública oficiosa”, indica un documento de la ISD.
Por su parte, el presidente de esa asociación, Ramón Villalta, indicó que: “Estaría satisfecho que el IAIP cumpla con su responsabilidad de iniciar un proceso de sanción contra las entidades obligadas que no cumplen con el derecho de acceso a la información y en ese sentido que inicie el proceso contra las municipalidades”.
Villalta calificó como “positiva” la acción, debido a que considera que el resultado de una sanción a estas ayudará a que alcaldes, concejales y empleados municipales pongan a disposición la información.
“(Con la sanción) ya no continuarán con la práctica de negar información, amenazar a los que solicitan información y entenderán que la información pública es del público”, agregó.
