Gerardo Quijada, propietario de Talleres GQ y conocido en redes como «Mr. Miyagi», enfrenta graves acusaciones de estafa agravada, además de un proceso judicial que lo obligó a desalojar su taller en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Las autoridades ejecutaron la orden de desalojo, debido a una deuda millonaria acumulada por no pagar el alquiler de los terrenos.
El empresario, cuyas deudas ascienden a más de $3 millones de arrendamiento más impuestos e intereses, se encuentra actualmente detenido por cargos de estafa agravada. La empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE) reclama que Quijada ocupó ilegalmente los terrenos desde 2007, año en que fueron adquiridos por DEICE.
El proceso legal contra Gerardo Quijada no solo implica la disputa por los terrenos en Santa Elena, sino que también abarca otras investigaciones relacionadas con estafa agravada. DEICE, S.A. de C.V. llegó a la conclusión de que Quijada nunca tuvo la intención de cumplir con los contratos suscritos, y que su verdadera intención era permanecer indefinidamente en los inmuebles arrendados. En una instancia del litigio, DEICE le ofreció que abandonara los inmuebles a cambio de condonar las cuotas del canon pendientes, sin éxito.
Según las autoridades judiciales, el empresario utilizaba su popularidad en redes sociales para atraer clientes, quienes ahora lo acusan de haber incumplido acuerdos comerciales y de haber manipulado transacciones financieras, dejando varios vehículos sin reparaciones completas.
Además, la suma total que Quijada adeuda no solo incluye el alquiler impago de los terrenos, sino también los intereses acumulados y las penalizaciones fiscales correspondientes a los ingresos no declarados por su negocio. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación más amplia sobre sus actividades financieras, ya que se sospecha que los fraudes cometidos podrían haber afectado a un número considerable de personas y empresas.
Ayer, clientes y empleados del taller se encontraron con el establecimiento cerrado y bajo resguardo policial mientras las autoridades ejecutaban el desalojo. Este incidente marca el más reciente capítulo en el proceso judicial contra Quijada, quien enfrenta múltiples demandas por incumplimiento de pago y fraudes a nivel comercial.
