Fundación de EE.UU. donó más de $1 millón a críticos del Gobierno de El Salvador para vigilar su trabajo

Por Redacción UH

La Fundación Nacional para la Democracia (NED, en inglés) donó el año pasado $1,107,576 a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación salvadoreños críticos del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, para seguir cuestionando y adversando su trabajo.

La NED es un apéndice del Congreso de Estados Unidos (EE. UU.), y la información de las donaciones que hace está publicada en su sitio web: https://www.ned.org/region/latinamerica-and-caribbean/el-salvador-2020/.

Según la NED, Acción Ciudadana recibió $53,000 para investigar el financiamiento público y privado de los partidos políticos, a partir del año pasado.

Factum Media obtuvo de la NED $59,576 para investigar el gasto público en respuesta a la crisis de COVID-19, los impactos de la pandemia y la respuesta estatal a la misma sobre la migración y la pobreza.

La NED también dio $45,000 a la Asociación Cultural Azoro para «investigar e informar desde una perspectiva de género los impactos de la pandemia y la respuesta del Gobierno en El Salvador».

A pesar de las críticas de la oposición sobre el supuesto mal manejo de la pandemia, el FMI reconoció en su último informe que «el decidido esfuerzo de las autoridades durante la pandemia ayudó a salvar muchas vidas».

Mientras que la Asociación Juvenil Gato Encerrado Media recibió de la NED $55,000 para monitorear e investigar «el trabajo del Congreso salvadoreño […], las acciones de los comités [comisiones legislativas] [y] las dinámicas de poder con otras ramas del Gobierno», publicó Diario El Salvador.

La NED también ha financiado con $800,000 al Instituto Republicano Internacional (IRI) para que aumente «la probabilidad de que los ciudadanos se involucren con los gobiernos municipales, mejorar la confianza en las instituciones democráticas».

La Asociación Azul Originario y la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) han obtenido montos por $50,000 y $45,000, con el compromiso de conducir casos de «litigio estratégico» y supervisar el uso de los fondos públicos por parte del Gobierno.

Lea más detalles en: