Los expresidentes Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como dos altos dirigentes del FMLN deberán ser investigados por la Fiscalía General de la República, para que respondan ante la justicia por haber pactado y negociado con pandillas.
Así lo ordenó el Juez Especializado de Sentencia «A», cuando entregó el fallo judicial a las partes, defensora y acusadora, en el caso conocido como «Operación Cuscatlán», en el que salió a relucir los vínculos con cabecillas de pandillas de los exmandatarios, así como el de Medardo González José Luis Merino.
En el caso de Funes, ya es prófugo de la justicial por delitos de corrupción, al haber desviado más de $351 millones de la partida secreta de Casa Presidencial, durante su mandato; mientras a Sánchez Cerén se le sigue un juico de cuentas por parte de la Corte de Cuentas.
El exmandatario asilado en Nicaragua también podría ser acusado de asociaciones ilícitas, pues fue quien ordenó la tregua entre pandillas en 2012, con el objetivo de bajar la criminalidad, mientras que sobre Sánchez Cerén caería la acusación por el mismo delito, ya que conocía de las reuniones con cabecillas de pandillas a cargo de dos de sus funcionarios, Arístides Valencia y Benito Lara. Estos dos últimos ya enfrentan la fase de instrucción.
En el caso de el exsecretario general del FMLN, Medardo González y el alto dirigente José Luis Mericno, el Juez Especializado de Sentencia ordenó a la FGR que los investigue, porque hay indicios de que habrían cometido el delito de asociaciones ilícitas, por conocer las negociaciones con grupos criminales en que estuvieron el exministro de Gobernación Arístides Valencia y el de de Justicia y Seguridad Benito Lara.
