La corrupción ha sido el peor de los males que ha vivido El Salvador a lo largo de su historia, pero con mayor descaro durante los gobiernos de ARENA y FMLN, al grado que varios altos dirigentes de esos partidos huyeron del país para tratar de evadir la justicia.
El primero que huyó, en agosto de 2016, es el expresidente por el FMLN, Mauricio Funes, quien, además, pidió asilo y luego se nacionalizó en Nicaragua. A Funes se le acusa de haberse robado más de $351 millones de la partida secreta de Casa Presidencial.
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Siguiendo sus pasos, el segundo expresidente del FMLN, Salvador Sánchez Cerén, hizo lo mismo, y el 5 de diciembre de 2020 salió rumbo a Nicaragua, donde, junto a su familia, también solicitó asilo y la nacionalidad de ese país.
Sánchez Cerén está acusado de haber malversado más de 147 millones, siempre de los gastos reservados de la partida secreta en pagos de sobresueldos a sus exfuncionarios y otros gastos discrecionales.
El expresidente de la Asamblea Legislativa, por el FMLN, Sigfrido Reyes, cambió de rumbo y se fue a México, donde recibió asilo político en noviembre de 2019.
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Reyes cuenta con irregularidades en sus declaraciones de patrimonio en la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, ya que no justificó más de $700,000 en cuentas y propiedades adquiridas del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Otro asilado en México, desde agosto de 2021, es el exministro de Obras Públicas, también del FMLN, Gerson Martínez, quien según una investigación de la Fiscalía General de la Republica (FGR), habría recibido $290,000 en sobresueldos, durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
La lista continúa con el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, quien al parecer está en Guatemala, a donde huyó tras ser señalado de haber recibido $1.8 millones ($30,000 mensuales) durante la administración el expresidente prófugo Mauricio Funes.
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El partido ARENA tampoco se queda atrás. la diputada Margarita Escobar, habría recibido $7,000 mensuales de sobresueldos, como viceministra de relaciones exteriores, en la administración del expresidente Antonio Saca, quien guarda prisión en Mariona, acusado de desviar más de $301 millones de Casa Presidencial.
Otros exfuncionarios que se fueron del país, y que aún no se sabe si regresaron son Miguel Lacayo, exministro de Economía y Rolando Alvarenga, exsecretario jurídico, ambos en la administración de Francisco Flores, también acusados de haber recibido jugosas cantidades extra a sus salarios nominales.
