Muy aparte del tema puramente electoral, la reciente encuesta, publicada este jueves por la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), se obtuvo un dato que es muy revelador sobre el malestar de la población en torno al trabajo realizado por la Asamblea Legislativa, en cuanto a su responsabilidad de elegir funcionarios de segundo grado, como el fiscal general y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otros.
Ante la pregunta ¿Qué tan de acuerdo está en que se impongan sanciones económica o de otro tipo a los diputados cuando se atrasen en la elección de funcionarios?, el 47.2 % contestó estar «de acuerdo» y el 36.3 % dijo que «muy de acuerdo»; es decir que el 85.3 % de los encuestados avalan que se les sancione. La medición reveló que el 12.1 % está «en desacuerdo», el 3 % «muy en desacuerdo» y solo el 1.3 % no sabe o no responde.
Este dato es muy importante, por cuanto envía un mensaje a los legisladores para que elijan a tiempo a los funcionarios de segundo grado y que no se repitan casos como el reciente de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que debieron haber estado elegidos antes del 16 de julio, pero que se concretó hasta el pasado 16 de noviembre, con más de 120 días de atraso.
