Los defensores de tres exempleados de Casa Presidencial procesados junto al expresidente Elías Antonio Saca y altos funcionarios de su administración pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) mejorar la investigación del delito y ser responsables al emitir órdenes de captura contra presuntos implicados.
Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros explicaron, en un entrevista radial la tarde de este miércoles, que los señores Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Herrera, acusados del delito de lavado de dinero en el caso «Destape a la Corrupción», nunca emitieron cheques sin respaldo y a discreción con los fondos para gastos reservados de Casa Presidencial en el gobierno de Saca, como sostiene la Fiscalía.
«Ellos no emitieron cheques a lo loco para hacer los pagos de diferentes servicios contratados por la Presidencia de la República, sino que hay facturas que los respaldan. Además de que nunca hicieron contrataciones, porque solo se dedicaban a cancelar lo que otros funcionarios de la Presidencia pedían, según los requerimientos del presidente», dijo Roberto Claros. De manera que ellos nunca se prestaron para lavar dinero para el presidente, agregó.
Por ello el defensor también consideró, en un artículo de opinión, «que se puede hacer mejores y más efectivos trabajos de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, tanto porque los salvadoreños merecemos saber la verdad, como porque privarle de su libertad ambulatoria a una persona, que después de la vida, es el bien jurídico más preciado, más importante, y se debe ser muy responsable al contar con ese poder de privación, al momento de ordenar las capturas».
Por su parte Tania Pastor destacó que consta en el proceso de investigación que sus clientes han documentado con facturas todos los gastos que ellos pagaron con la emisión de cheques, pero que la representación fiscal no ha deducido de los 301 millones de dólares que la FGR afirma que fueron desviados de los fondos de CAPRES a supuestas cuentas bancarias privadas.
Asimismo justificó que las 16 cuentas que se abrieron en los bancos eran parte de la operatividad para poder procesar los diferentes pagos por servicios que se contrataban a discrecionalidad única y exclusiva del presidente de la República y que sus defendidos nada tienen que ver en ello.
Tanto los tres exempleados de la Unidad Financiera de Casa Presidencial como el expresidente Saca, el exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank, el exsecretario Privado, Élmer Charlaix y el expresidente de ANDA, César Funes, son procesados judicialmente por los delitos de peculado, lavado de dinero y casos especiales de lavado de dinero.
