La candidatura del arenero Carlos Calleja podría violentar los principios de la Constitución, debido a que la familia del aspirante presidencial es concesionaria del Estado, confirmó el Banco Mundial.
Ante ello, según una sentencia emitida en el 2014 por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) toda persona que aspire a la primera magistratura del Estado, no debe tener ningún vínculo con un conglomerado que administre propiedades o bienes estatales, y en el caso del candidato de ARENA, este es el vicepresidente del Grupo Calleja.
El Banco Mundial reveló que la familia de Calleja es accionista de un conglomerado que administra partes del Puerto de Acajutla.
Este tipo de casos ya tiene su precedente en 2014, ya que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la candidatura de Tony Saca debido a que su empresa radial Grupo Samix es concesionaria de frecuencias radiales, las cuales pertenecen al Estado.