La calificadora de riesgos internacional, Moody’s Investors Service otorgó la categoría de “bonos basura” a los 600 millones de dólares colocados por el Gobierno de El Salvador el martes, debido al deteriorado perfil crediticio que posee el país.
Moody’s colocó una calificación “B3” a la emisión, en concordancia con la otorgada al Gobierno salvadoreño a finales del año pasado, cuando pasó de “B1” a “B3”.
“La calificación B3 para los bonos de El Salvador es el reflejo de la calificación B3 (con perspectiva negativa) que se le otorgó al Gobierno de El Salvador como emisor”, indicó la calificadora en un comunicado de prensa emitido ayer.
Según la metodología de Moody’s, el último escalón de las calificaciones consideradas grados de inversión – las de menor riesgo – es “Baa3”. Las que prosiguen, entre ellas la otorgada a El Salvador, ya se consideran de grado especulativo, o “bono basura”.
La calificación “B3” es el último escaño de la categoría B, la cual aglutina a los emisores de deuda que tienen un alto riesgo crediticio y no cuentan con la posibilidad de obtener un apoyo extraordinario de un afiliado o un Gobierno.
Las causas por las que Moody’s calificó la colocación de los 600 millones de dólares de esta manera se debe, en primer lugar, al estrés financiero que ha forzado a priorizar los pagos gubernamentales; en segundo lugar, el crecimiento récord que ha alcanzado la deuda de corto plazo, que está afectando la capacidad de los bancos locales de absorber montos adicionales; y, en último lugar, la polarización política que vive la Asamblea Legislativa.
El martes, el Gobierno emitió un comunicado de prensa en el cual afirmaban que la colocación “evidencia la credibilidad y la confianza de la que goza la República de El Salvador y su Gobierno para responder a las obligaciones adquiridas”.
La colocación corresponde a los 550 millones de dólares aprobados por la Asamblea Legislativa el año pasado, luego de una larga discusión entre el Gobierno y ARENA por llegar al acuerdo parcial que concluyó en el aval a esta emisión y la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Los $50 millones restantes corresponden a un remanente de los $152 millones en bonos aprobados en 2016 para financiar las medidas extraordinarias de seguridad.
