La compañías telefónicas que se aferran a sus intereses comerciales para no cortar las comunicaciones en todos las cárceles del país, son producto de la privatización de la extinta Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), ejecutada por el gobierno de ARENA, en la administración del expresidente Armando Calderón Sol.
Para privatizarla, ANTEL fue dividida en dos compañías: CTE, que se constituyó con todos los activos de la antigua empresa estatal, incluyendo la telefonía pública, y la segunda, Intel, que se creó para manejar frecuencias de telefonía celular.
El gobierno de Calderón Sol vendió CTE a ESTEL Co. LLC, compuesta por una subsidiaria de France Telecom y un grupo accionista local denominado Central American Communications (CAC). Entre ambas dieron paso a la actual Claro El Salvador.
La empresa Tigo, llegó a El Salvador 1992, tras la firma de los acuerdos de paz, pero luego de la privatización de ANTEL tomó mayor protagonismo, ya se liberó el mercado de las telecomunicaciones, lo cual le permitió un mayor crecimiento a través de la captación de más clientes de telefonía móvil.
Telefónica Móviles El Salvador, ahora Movistar, se instaló en el país en 1998, como una filial de la empresa española Telefónica, para dedicarse a la explotación de la telefonía móvil y datos móviles.
Una de las más recientes operadoras de telefonía que aprovecharon la liberación del mercado de las telecomunicaciones hasta inicios de 1998 controlado por la extinta ANTEL, es Digicel, que se afincó en El Salvador en 2001, convirtiéndose en uno de los cuatro mayores operadores de telefonía móvil.
Con la puesta en marcha del Plan de Control Territorial, que busca recuperar las zonas geográficas con alta presencia de pandillas y devolver la tranquilidad a la población, el Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, dio 72 horas a las telefónicas para que corten la señal en todos los centros penales, como una medida para golpear las finanzas de las estructuras criminales.
Esos tres días para que se concrete el bloqueo de la señal de telecomunicaciones, por parte de las empresas de telefonía y transmisión de datos, audio e imágenes, vence justo a la media noche de este lunes, pero hasta el momento ninguna de las empresas ha dado pasos concretos para cortar el servicio que pretende dejar incomunicados a los pandilleros que guardan prisión y que, según investigaciones de inteligencia, continúan ordenando asesinatos y extorsiones desde las cárceles.
