El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Juan Valiente, informó que la Asamblea Legislativa ha entregado el listado completo de personal que “explica” los $45 millones presupuestados de gasto.
“Debemos estudiar la información para justificar la reducción de dicho gasto”, añadió Valiente.
La @AsambleaSV ha entregado el listado completo de personal que “explica” los $45 millones presupuestados. Debemos estudiar la información para justificar la reducción de dicho gasto. pic.twitter.com/UqYDynIMvY
— Juan Valiente (@JuanValienteSV) 12 de febrero de 2018
En mayo de 2017 se denunciaba que los diputados no lograban consenso en las medidas de austeridad que podrían ser ejecutadas para reducir el gasto corriente en la Asamblea Legislativa y contribuir en la solución de los problemas fiscales que están afectando al país.
El diputado de ARENA e integrante de la Comisión de Hacienda, René Portillo Cuadra, considera que el recorte podría ser en los rubros de telefonía y viajes.
“Solo en telefonía celular la Asamblea Legislativa gasta alrededor de $80,000 al año. Hay otros $50,000 que paga para telefonía de radio. A eso se le agregan los gastos en viajes”, comentó para entonces el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra.
Según la denuncia de Valiente, el exorbitante gasto esta vez estaría concentrado en pago de personal.
La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitió una sentencia en la que estipula, entre otras cosas, la ejecución de seis medidas para que exista un ahorro en los recursos en los órganos Legislativo y Ejecutivo, aunque no menciona si estas acciones también las implementará la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, por Constitución, se le asigna anualmente el 6% del presupuesto de país.
Entre lo ordenado por la Sala está: suspender la creación de nuevas plazas (salvo en áreas estratégicas como educación, salud, justicia y seguridad pública), suspender los aumentos salariales para las plazas y contratos de funcionarios públicos y jefaturas en las instituciones del sector público, suspender nuevas compensaciones adicionales a los salarios que se devengan, como las bonificaciones y retribuciones en especie de cualquier tipo, a los funcionarios y jefaturas de las distintas dependencias del Estado.
Además suprimir la compra de equipos y bienes suntuarios, o de uso no prioritario en la Administración pública, tales como la adquisición de vehículos de lujo y la innecesaria renovación de la flota vehicular, garantizar uso racional y limitado de viajes, limitar gastos en publicidad, entre otras.
