Para el analista político, Jorge Castillo, es urgente hacer reformas a la Constitución de la República, en el sentido de que los delitos relacionados con enriquecimiento ilícito y otros relacionados con la corrupción de funcionarios nunca se dejen de investigar, sino hasta castigar a los responsables, para evitar que se siga saqueando el Estado.
«Es imperante regular en nuestra Constitución imprescriptibilidad de los delitos más graves de corrupción, cuando son cometidos por funcionarios públicos y en los que resulte seriamente afectado el patrimonio del Estado», escribió Castillo, tras conocerse que la Corte Plena acordara que solo se investiguen los casos que tengan como máximo 10 años de haberse cometido.
Este viernes trascendió que el pasado 31 de enero con los votos de 11 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se resolvió que la Sección de Probidad solo investigue aquellos casos de enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados a la corrupción, que hayan sido cometidos por funcionarios en los últimos diez años.
La resolución judicial, prácticamente deja sin efecto continuar las investigaciones por enriquecimiento ilícito de funcionarios del gobierno del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca hacia atrás, los cuales prescriben el próximo 31 de mayo, entre ellos el caso Fecepe (Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos), que ronda los 40 millones de dólares, con el cual se vincula a la exvicepresidenta Ana Vilma de Escobar.
"Es imperante regular en nuestra Constitcuón imprescriptibilidad de los delitos más graves de corrupción, cuando son cometidos por funcionarios públicos y en los que resulte seriamente afectado el patrimonio del Estado". (Moris Landaverde) https://t.co/qdMwU58T1s
— Jorge Castillo (@Jorca14) 15 de marzo de 2019
