A juicio representantes de empresa Salazar Romero por desalojar a familia de residencia

Por Redacción UH

Luego de analizar los elementos de prueba, el Juzgado 5° de Instrucción  de San Salvador, envió a juicio a dos representantes de la empresa constructora Salazar Romero, por los delitos de allanamiento de morada, ejercicio violento del derecho y  daños agravados en perjuicio la familia Paz Juárez.

De acuerdo a la información brindada por las autoridades, los acusados fueron identificados como Rosa María Romero de Salazar y José Raúl Salazar Landaverde.

Además, la jueza a cargo del caso decretó sobreseimiento definitivo a David Alexis García Rodríguez, Roberto Antonio Menjívar, Mario Orlando Juárez Echeverría, Carmen Salazar Landaverde, por considerar que no se determinó el grado de su participación.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a los empresarios  de ingresar a la vivienda de la familia Paz Juárez y ejercer violencia sobre sus bienes, mismos que fueron tirados en la calle frente a la empresa donde laboraban los ofendidos, y que la mayoría de estos muebles  fueron dañados o extraviados.

La jueza  consideró que fue presentada abundantes elementos de prueba de la posible participación  de los dos procesados en los ilícitos: “no hay duda de los hechos,  cambiaron la chapa  de la vivienda,   sacaron los objetos de la casa   y  se les dañaron”, manifestó.

 

El caso

En el año 2014, la familia firmó un contrato con promesa de venta con la apoderada de la empresa Salazar Romero para adquirir una casa en el proyecto denominado “Metrópolis San Gabriel”, valorada en $94, 354 y que les fue entregada en marzo del mismo año.

La acusación fiscal establece que cuando la familia  habitó la casa a  los días cayó una fuerte lluvia que presuntamente dejó al descubierto serios daños de infraestructura, filtración de agua en el techo, inundaciones, tuberías tapadas, mala nivelación de los pisos.

Debido a los problemas de infraestructura de la vivienda y los contantes reclamos a la empresa  los esposos decidieron  no  cancelar  las  cuotas  mientras  su vivienda  no fuera reparada, establece el dictamen fiscal.


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