Ley de Partidos Políticos avala cancelación de ARENA y FMLN

Por Redacción UH

La Ley de Partidos Políticos especifica las causales de cancelación que podría enfrentar ARENA y FMLN tras realizar negociaciones ilícitas con pandillas, entregándoles dinero a cambio de «beneficios» electorales.

El artículo 47, literal f) expone: «Cuando algún partido político propicie el fraude en alguna elección o que lo aceptare en su beneficio, siempre que tal hecho sea establecido legalmente».

La ley de Proscripción de pandillas define en su artículo 2: «Cualquier acto jurídico que como parte de la actividad delictiva o de su estructura realicen estos grupos por medio de sus integrantes u otras personas en su nombre serán ilícitos y por lo tanto acarrearán las responsabilidades penales, civiles y administrativas correspondientes para sus promotores, creadores, organizadores, dirigentes, miembros, colaboradores, financistas y cualquier persona que, a sabiendas de su ilegalidad, reciba provecho directa o indirectamente».

El artículo 3 añade: «Las personas indicadas en el artículo anterior quedarán inhabilitadas por el doble de tiempo de la condena establecida en el proceso penal o por el término de seis años en la sentencia administrativa, civil o de otra jurisdicción, en los casos siguientes:

a) Pertenecer a partidos políticos

b) Ser candidato a cargos de elección popular o de segundo grado

c) Ser socio, accionista, avalista, miembro, directivo, representante judicial, administrador o asociado de cualquier persona jurídica

d) Ser concesionario, licitante o contratista del Estado o del municipio

e) Ser titular de autorizaciones o permisos estatales o municipales para la apertura o funcionamiento de negocios

f) Ser autoridad, funcionario, agente de autoridad o empleado del área de seguridad y justicia del Estado o del municipio

g) Ser titular, directivo, accionista, administrador o empleado de las personas a las que se refiere la Ley de los Servicios Privados de Seguridad.

Durante las administraciones de ARENA y del FMLN ocurrieron negociaciones ilícitas con pandillas por parte de miembros activos de los gabinetes, los cuales negociaron dinero a cambio de votos para «beneficiarse» en eventos electorales.

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