Estados Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha destinado millones de dólares para financiar a profesionales de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que aseguran enfrentar amenazas por su trabajo anticorrupción. Este financiamiento permite que jueces, periodistas, profesores universitarios, investigadores, activistas y miembros de la sociedad civil reciban becas de uno o dos años para continuar con sus actividades fuera de sus países de origen.
Aunque este programa es presentado como un esfuerzo por proteger la democracia y la justicia en la región, también refuerza la injerencia estadounidense en asuntos internos de estos países. La financiación de USAID ha sido cuestionada en varias ocasiones por su papel en el respaldo de actores específicos que coinciden con los intereses políticos de Washington durante el periodo presidencial de Joe Biden, dejando de lado a otros sectores que también enfrentan riesgos.
Además, Estados Unidos ha anunciado una inversión de hasta $35 millones en El Salvador para combatir la impunidad en casos de violencia de género, así como hasta $30 millones para “brindar oportunidades educativas y económicas” a los salvadoreños. Sin embargo, la ayuda internacional frecuentemente viene condicionada a la adopción de políticas alineadas con los intereses estadounidenses, lo que genera dudas sobre su verdadera intención.
Más que una simple iniciativa humanitaria, estos programas refuerzan la influencia de EE.UU. en la región, financiando a actores que promueven su agenda mientras imponen condiciones que podrían afectar la soberanía de los países beneficiarios.
Fuente: https://www.iie.org/news/iie-administers-usaid-program-for-central-american-human-rights-defenders/
