El 29 de octubre de 2015 el gobierno del FMLN recetó a los salvadoreños un nuevo impuesto que fue cargado al servicio de telecomunicaciones con el 5% percibido en cada factura. De acuerdo a datos que emite periódicamente el Ministerio de Hacienda el gobierno logró recaudar $186.5 millones, sin embargo la crisis de inseguridad continúa.
El cobro de este impuesto inició en diciembre del mismo año. Según las estadísticas, el gobierno percibió entre diciembre de 2015 hasta mayo de 2018 la referida cantidad que fue referida a distintas instituciones que a la larga no lograron terminar con la raíz del problema.
Desde 2015 El Salvador se posicionó como el país más violento de Centroamérica debido a su alta tasa de homicidios, ante esto, el gobierno mostró su incapacidad para controlar el problema y decidió, entre tantas medidas, cargar un nuevo impuesto para recaudar dinero que sería invertido a la seguridad del país.
Ese año murieron más de 6,000 personas y el promedio diario de homicidios se situaba entre 25 y 30. Cabe señalar que aunque las cifras han mostrado una leve baja, los crímenes están a la orden del día recordando que sigue latente la crisis de violencia.
El dinero, según el gobierno, ha sido invertido en varias instituciones, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo el fiscal general admite que necesita más recursos, y por otro lado, los policías del nivel básico exigen aumento salarial.
La mayoría de salvadoreños ha rechazado de forma contundente que se le haya aplicado un impuesto cuando el gobierno y sus carteras son los únicos responsables de erradicar la inseguridad en el país.
