Investigaciones contra la telefonía Tigo en Guatemala, revelaron que altos directivos sobornaron a políticos de ese país aprobaron una ley para que Tigo pudiera instalar antenas telefónicas en todo Guatemala, sin contrapesos municipales, y sin capacidad de sus rivales Claro y Movistar de competir.
La primera indagatoria que se conoció sobre Tigo fue en octubre de 2015, cuando Millicom informó que su filial era investigada por autoridades de Estados Unidos y Suecia por posibles pagos indebidos.
La investigación revela cómo la telefónica compró a Roxana Baldetti y los diputados del PP entre 2012 y 2015. El caso alcanza al ministro Acisclo Valladares, al candidato Estuardo Galdámez (FCN), y muestra cómo tres magistrados (Dubón, Chávez y Casasola) están obstaculizando el caso.
De acuerdo con la investigación, Tigo entregaba el dinero en maletas azules a los guardaespaldas para que después lo recogieran sus asistentes y lo trasladaran a la Casa Presidencial para ser distribuído en sobres y bolsas a los diputados a cambio de que siguieran sus instrucciones.
Al parecer la empresa de telefonía buscaría replicar este modelo de sobornos a otros países de la región, como se evidenció ayer en El Salvador, cuando el representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Siliezar, y Waldo Jiménez de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) junto a sus suplentes votarán en contra de la resolución presentada por la SIGET para multar a la empresa de telefonía móvil Tigo después que ésta última desconectara el servicio a los usuarios durante la emergencia.
