La Empresa de telefonía y cable, TIGO, controla el 43% del mercado en Guatemala, a pesar de recurrentes atropellos a la Ley, esto lo ha logrado con la compra de altos políticos del país chapín.
Gracias a la compra de voluntades, TIGO logró que el Congreso guatemalteco le aprobara una ley para instalar antenas sin necesidad de autorizaciones y a las personas u organizaciones que se opongan pueden ser apresados.
Ese mismo diseño ha aplicado TIGO en El Salvador que bajo la mesa negoció con representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ANEP y la Junta de Apelaciones para que desestimaran una resolución de la SIGET.
Dicha resolución obligaba a TIGO pagar una multa por actos arbitrarios en contra de sus cliente ya que desconectó los servicios y realizó cobros abusivos a familias afectadas por la pandemia del COVID-19.
