El pasado 16 de marzo, miembros de la legendaria banda peruana de cumbia Armonía 10 se trasladaban de un concierto a otro en Lima cuando hombres en motocicleta atacaron su bus. Las balas atravesaron el parabrisas y asesinaron al vocalista principal, Paul Flores. Los fans que esperaban la presentación quedaron horrorizados. La policía sospecha que el ataque fue parte de un intento de extorsión por parte de una banda local.
Los peruanos han visto cómo su país se hunde en una creciente ola de criminalidad en el último año. Pandillas dominan Lima y otras ciudades costeras, exigiendo “cuotas de protección” a negocios de todo tipo, desde agrupaciones musicales hasta empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar. En paralelo, el narcotráfico crece en la Amazonía peruana y las bandas criminales están tomando control de minas en los Andes.
Tras el asesinato de Flores, la presidenta Dina Boluarte declaró un estado de emergencia de 30 días en Lima. El 25 de marzo, convocó a elecciones generales para dentro de un año, asegurando que busca poner fin a la inestabilidad del país.
El orden público nunca ha sido el fuerte del Perú. La economía informal sigue siendo enorme, la policía está plagada de corrupción y muchas personas dependen de la cocaína y el oro ilegal para sobrevivir. La actual ola de violencia demuestra que la situación aún puede empeorar. En 2024, los asesinatos por encargo representaron la mitad de los homicidios, que se han duplicado en cinco años. Los casos de extorsión se han multiplicado por ocho, a pesar de que muchas víctimas no denuncian por temor. Quienes lo hacen, a menudo descubren que los extorsionadores se enteran en pocas horas. “Las bandas tienen mejor inteligencia que la policía”, afirma Katherine Gómez, administradora de un mercado donde casi todos los comerciantes son extorsionados.
El aumento del crimen está afectando seriamente a las empresas legítimas. “Nunca habíamos visto este nivel de penetración de la minería ilegal”, comenta Pablo de la Flor, representante de La Poderosa, la mina de oro más grande del país. En los últimos tres años, grupos armados han asesinado a 18 trabajadores de la compañía y destruido 17 torres de transmisión eléctrica clave para sus operaciones.
Perú no es el único país de la región que enfrenta el caos. En Ecuador, al norte, nuevas rutas del narcotráfico han disparado los índices de criminalidad. Pero en Perú, la situación se debe a múltiples factores: las secuelas de la pandemia llevaron a muchos delincuentes a dedicarse a la extorsión; el sistema de justicia colapsado y las cárceles saturadas no ayudan; y el tráfico de armas se ha intensificado.
Lo más preocupante es la reacción de los políticos peruanos. En lugar de enfrentar la criminalidad, han aprobado leyes que dificultan el trabajo de los fiscales. Estas medidas buscan proteger a funcionarios y aliados investigados por corrupción, como ellos mismos han admitido públicamente. Pero también terminan favoreciendo a los criminales. Will Freeman, del Consejo de Relaciones Exteriores de EE. UU., califica estas contrarreformas como “uno de los intentos más sistemáticos y despiadados de debilitar instituciones en la región”.
¿Será Perú el próximo Ecuador? Aunque su tasa de homicidios aún es más baja, el impacto podría ser mayor debido a su población y economía más grandes. La emigración ya va en aumento. Los expertos creen que aún es posible controlar la crisis, pero se requiere una voluntad política que hasta ahora ha brillado por su ausencia. Pese a todo, el sistema judicial peruano aún es más fuerte que el ecuatoriano antes de su colapso, señala Freeman.
Muchos peruanos sueñan con un líder de “mano dura” como Nayib Bukele, presidente de El Salvador. En algunas zonas de Lima, puede leerse en grandes letras rojas “el Bukele peruano” pintado en los muros, como un grito desesperado por un líder firme. Más de 40 partidos políticos se han inscrito para las elecciones del próximo año. El que suene más parecido a Bukele, bien podría ganar.
