Esta mañana debía conocerse la resolución del Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador que determinaría si el exministro de Salud, José Guillermo Maza Brizuela, y doce exfuncionarios más fueran enviados a juicio por los delitos de negociaciones ilícitas, en cuanto a Maza, y estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos y falsedad documental agravada, falsedad ideológica en los otros.
No obstante, el fiscal del caso anunció que el juez convocó a las partes a una reunión previa para informarles que iba a suspenderse la audiencia por tres motivos.
El primero es porque falleció el padre de uno de los imputados de nacionalidad guatemalteca. El segundo es porque aún no llega información solicitada por la Fiscalía General de la República que servirá para fundamentar unos correos electrónicos que se han introducido como prueba al proceso. El tercer motivo es porque el juzgador aun no ha finalizado de estudiar la información del caso.
En cuanto a la nueva fecha, el fiscal explicó que no se fijo una para marzo porque algunos abogados defensores manifestaron que tenían otras audiencias, por lo que aun es desconocido cuando se sabrá el veredicto sobre el caso de corrupción.
El exministro habría hechos negociaciones irregulares en las gestiones del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA), especialmente para el Hospital San Pedro de Usulután y el Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente, dañados en los terremotos del 2001.
Los imputados enfrentan por segunda vez la audiencia preliminar, luego de que el juez Levis Italmir Orellana decretara sobreseimiento provisional en el año 2015 porque no se había concluido un peritaje financiero contable.
Sin embargo, la Fiscalía solicitó la reapertura del caso por contar con nueva documentación que sustenta la acusación contra los exfuncionarios.
Los fiscales presentaron 120 documentos que delatan las estrategias que presuntamente utilizaron los imputados para estafar al Ministerio de Salud.
Maza, quien estuvo a cargo de la entidad de Salud Pública del 2004 -2009, habría avalado un dictamen del conciliador Wilfredo Aponte Cuéllar, también imputado, en el cual, este acreditó los reclamos a Gerardo Osegueda Gine, representante del asocio temporal CPK Consultores, con respecto a la ampliación del plazo de la terminación de la conclusión del hospital de Usulután.
Como resultado de esta negociación, se postergaba el plazo y aumentaba el precio a $1 millón 734 mil 598 dólares.
Según la representación fiscal, los reclamos que presentó CPK no eran procedentes porque Aponte Cuéllar estaba en la obligación de hacerle revisión al contrato y bajo las medidas legales analizar si procedía o no, acciones que habría omitido intencionalmente, y por lo tanto, decidió avalarlas.
Estas acciones de los dos imputados acusados de negociaciones ilícitas, permitieron que el imputado Osegueda Gine, se lucrarará económicamente, por la elaboración de documentos con información falsa de sobrecostos de bienes.
En conclusión, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, en el caso del Hospital Santa Gertrudis en San Vicente, hubo un perjuicio patrimonial contra el Estado, por obras pagadas y no ejecutadas de los equipos propios del inmueble de $1 millón 52 mil 093.77 dólares
