Luego de haber sido sentenciada en 2012 a 40 años de prisión por un delito que no cometió, la salvadoreña María Teresa Rivera fue recibida por la nación Suecia, tras haberle extendido un estatus de refugiada, según indicó la Dirección General de Migraciones (DGM) sueca.
El motivo de brindar el apoyo, según comunicó la DGM, se debe a que Rivera sufrió persecución política y jurídica en El Salvador, al ser acusada de homicidio agravado, por la equivocada interpretación que hizo el sistema judicial de un parto precipitado extrahospitalario que sufrió. Fue acusada de abortar a su bebé.
En 2011, la mujer de ahora 35 años de edad tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron infección en la vejiga. Una noche de noviembre fue a la letrina de su casa, pero quedó desmayada en un charco de sangre, por lo que fue trasladada al Hospital Primero de Mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), donde ingresó con un choque hemorrágico.
El personal del hospital la acusó de aborto y la Fiscalía General de la República (FGR) la envió a las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC). María Teresa no sabía que estaba embarazada, pues tenía continuos sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Esto consta en su declaración jurada.
Cuando las autoridades comprobaron que ella no se había practicado ningún aborto, cambiaron la tipificación del delito a homicidio agravado. Sin embargo, Rivera sufrió un parto precipitado extrahospitalario.
El 27 de julio de 2012, la mujer fue condenada sin pruebas directas, a una pena de 40 años por un delito que no cometió.
Tras un proceso largo y con apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Rivera logró su libertad tras falta de garantías que se dieron en todo su juzgamiento.
La Dirección de Migración sueca concedió el 16 de marzo de 2017 el asilo político a ella y a su hijo por considerar que sufrió persecución política y jurídica por el hecho de ser mujer, y porque el Estado salvadoreño no la protegió y sufrió maltrato al pasar más de cuatro años en prisión por un delito inexistente.
