La Fiscalía General de la República (FGR) emitió una difusión roja contra Ronal Lacayo, Cecilia Escapini, Ofilio Guardian, Domingo Call y Dimas Alvarenga, quienes están implicados en el caso de contaminación ambiental de baterías Récord. Asimismo, decretó apertura a juicio y admitió pruebas ofertadas por lesiones derivadas del mismo caso.
Desde el año pasado, algunas organizaciones defensoras de derechos humanos afirmaron que los imputados se encontraban prófugos de la justicia, con una alerta por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y, según información en manos de los abogados acusadores, viven en Miami, Florida, Estados Unidos.
Según la FGR, los imputados eran propietarios de los negocios de Baterías de El Salvador (BAES) y se encargaban de la producción de las baterías marca Récord. Sin embargo, los métodos que utilizaron para deshacerse de los desechos que la producción de baterías generaba no cumplían con las regulaciones impuestas, lo cual ocasionó una contaminación de plomo en la zona, afectando también a los habitantes.
El miércoles se citó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la alcaldía de San Juan Opico ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que rindieran cuentas sobre las acciones realizadas en el cantón Sitio del Niño para descontaminar el sector del plomo emanado por la fábrica Récord.
En septiembre de 2007, el Gobierno salvadoreño ordenó el cierre de la fábrica por contaminar varias comunidades aledañas, donde al menos 105 personas, entre ellas 63 niños, sufrieron problemas de salud. Para realizar las acciones de descontaminación, el MARN necesita un monto de $25 millones que el Ministerio de Hacienda nunca depositó, según informaron fuentes de Medio Ambiente.
Este caso de grave contaminación ambiental y daños a la salud de miles de personas fue denunciado desde finales de los años 90, cuando se realizaban por parte de la fábrica de baterías emanaciones industriales tóxicas que no fueron evitadas por los imputados y funcionarios con competencia en salud y medio ambiente de ese entonces, entre ellos el exministro de Economía, Miguel Lacayo, familiar de los imputados y que en un principio fue dueño de la fábrica de baterías.
