Ante la pasividad de los mecanismos estatales para que los casos judiciales se desarrollen a tiempo y apegados a derecho, diferentes instancias de la sociedad civil han creado y crearán programas para contratar expertos que realicen auditorías de procesos judiciales, con el objetivo de que haya una pronta y efectiva aplicación de justicia.
Una de esas entidades es el Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (IEJES), según confirmó su presidente, Félix Ulloa, quien aclaró que ello es necesario y urgente para realizar auditorías judiciales desde la sociedad civil, porque, aunque existen las instancia estatales como la oficina de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Nacional de la Judicatura y otras, estas o no se activan o lo hacen demasiado tarde «para corregir actuaciones inapropiadas de los jueces».
«Por eso, algunas instituciones hemos pensado el ver si desde la sociedad civil se crea una especie de auditoría o de monitoreo. De hecho el IEJES ha nombrado ya unos abogados observadores para algunos procesos, que actúan como monitores de los procesos cuando son casos emblemáticos y que se tiene el temor de que el juez puede ser influenciado, presionado, coaccionado, sobornado, en fin cualquier tipo de riesgo de que pueda anular la administración de justicia como debe ser, imparcial, profesional y, sobre todo, apegado a derecho», dijo.
Lo que se busca al darle seguimiento a procesos judiciales emblemáticos sobre corrupción y otros delitos, como el caso de los «troles» desde las instituciones de la sociedad civil con reglas claras y profesionales expertos en la materia para dar resultados que «obliguen al Estado a actuar», afirmó el también analista político.
«Si hay un caso de un juez que ha actuado de manera inapropiada violentando plazos, violentando derechos de los indiciados y no hay actuación del Estado o hay complicidad en el caso de la Fiscalía, un reporte de una organización de la sociedad civil bien documentado, bien fundamentado puede dar lugar a que se haga una investigación en la oficina de investigación judicial de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo», añadió el profesional del derecho.
Ulloa hizo un llamado a las entidades de la sociedad civil, como el Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Transparencia Internacional y otras a que creen o refuercen sus programas de auditorías para hacer que las distintas instancias estatales cumplan con su labor de garantizar el debido proceso de los casos judiciales en general, pero sobre todo aquellos que son emblemáticos o que pueden afectar al conglomerado social.
Por su parte el director ejecutivo de la ISD, Ramón Villalta, informó que en los próximos días hará pública la creación de la «Veeduría Judicial», desde la cual se dará seguimiento a casos relacionados a la corrupción y otros delitos cometidos por funcionarios y exservidores públicos.
