Tras la resolución de la Cámara Primera de lo Penal, El Salvador logra la última posición en el listado de confianza del poder judicial en América Latina.
La Cámara Primera de lo Penal resolvió en el caso del magistrado Jaime Escalante, que tocó los genitales de una niña de diez años, que dichos actos no son considerados un delito, por lo que, dicho fallo, hunde la imagen del sistema judicial salvadoreño.
La resolución de la Cámara provocó un descontento social, provocando manifestaciones y marchas en contra del sistema judicial que se convierte en un benefactor de funcionarios violadores de la ley.
